El pasado número de junio de 2016 (nº 238), la publicación nacional de
referencia del sector del taxi, público un extenso artículo sobre las últimas
actuaciones del despacho Abalón Novakey
y la situación del sector del taxi derivada de la entrada en vigor del Decreto
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de Turismo.
Tras la estimación, casi completa del recurso contencioso interpuesto por Abalón
Novakey contra el Decreto 35/2012,
se derivan importantes consecuencias sobre la explotación económica de las licencias de taxi en Málaga y por extensión
en Andalucía.
Entre otras consecuencias, la más notable económicamente, es la posible
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento
de Málaga, derivada de su actuación con los jubilados del taxi que venían
explotando sus licencias mediante la contratación de asalariados. Estas
actuaciones obligaron a la venta precipitada de las licencias el despido de
trabajadores y en consecuencia un perjuicio económico de cerca de 2,5 millones
de euros.
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